Hacienda sanciona a 5.000 contribuyentes por no declarar los bienes en el extranjero o hacerlo tarde

La Agencia Tributaria continúa aplicando el controvertido modelo 720 por el que Bruselas va a denunciar a España

La Agencia Tributaria ha sancionado a 5.000 contribuyentes desde que puso en marcha el controvertido modelo 720, el formulario con el que se declaran los bienes y derechos en el extranjero. El año en que se abrieron más expedientes sancionadores por esta declaración informativa fue, con diferencia, 2015. El modelo 720 entró en vigor en enero de 2013 con un severo régimen sancionador que llega a penalizar con el 150% de la cantidad no declarada y que se ha convertido en un foco de conflictos para la Agencia Tributaria por la litigiosidad que ha generado y porque Bruselas va a denunciar a España por su aplicación.
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Una medida polémica y muy criticada, pero a la vez una mina de información fiscal que ha permitido conocer que los contribuyentes españoles y extranjeros residentes tienen en el exterior al menos 156.000 millones de euros en bienes y derechos. Así es el controvertido modelo 720, una declaración tributaria que creó el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en lo peor de la crisis. Desde su entrada en vigor, en enero de 2013, y hasta el 15 de julio pasado, la Agencia Tributaria ha sancionado a 5.039 contribuyentes, bien porque ocultaron bienes o no presentaron la declaración, bien porque la presentaron fuera de plazo. El año en el que se finalizaron más expedientes con sanción fue, con diferencia, 2015 (4.321 sanciones).
El 71% de los expedientes finalizados con sanción son por la presentación fuera de plazo del modelo 720. En lo que va de 2019 apenas se han cerrado seis expedientes, según los datos que ha obtenido EL PAÍS gracias a una solicitud de información amparada en la Ley de Transparencia.
El modelo 720 se ha convertido en un foco de conflicto para la Agencia Tributaria, que ha visto cómo muchas de sus sanciones acaban, primero, en los tribunales económicos administrativos autonómicos o en el central —son las unidades judiciales encargadas de resolver reclamaciones tributarias—, y después en los tribunales ordinarios.
Las críticas a su riguroso régimen sancionador, que contempla multas de hasta el 150% de la cuota defraudada, no se limitan a los contribuyentes y a sus asesores fiscales, sino que han llegado a la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario apercibió a España en 2017 al considerar que el modelo 720 afecta a la libre circulación de personas y capitales. El dictamen motivado —primer paso en un procedimiento de infracción— que Bruselas envió a Madrid consideraba desproporcionado el régimen sancionador y criticaba la imprescriptibilidad de los hechos sancionados.
Las multas, dijo la Comisión, podían “disuadir a las empresas y a los particulares de invertir en el mercado único o desplazarse por él”, y su aplicación es “discriminatoria”. Bruselas no cuestiona la legitimidad del modelo, sino la desproporcionalidad de las sanciones. En junio de este año la Comisión anunció que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El modelo 720 se convertía así en el segundo varapalo a la política fiscal de Cristóbal Montoro, después de que el Tribunal Constitucional anulara en 2017 el real decreto de la última amnistía fiscal, de 2012.
En su respuesta oficial, la Agencia Tributaria asegura desconocer la cantidad total que ha recaudado gracias a estos expedientes. Hacienda argumenta que para suministrar esa información necesitaría “una acción previa de reelaboración” y requeriría la colaboración de varios departamentos —todos ellos de la propia Agencia Tributaria— para obtener datos de Inspección, Gestión y Recaudación. A preguntas de EL PAÍS, una portavoz del Ministerio de Hacienda tampoco facilitó el dato de recaudación. En mayo de 2016, sin embargo, la Agencia Tributaria convocó a la prensa para dar ese dato: aseguró haber ingresado hasta entonces 840 millones de euros por inspecciones de bienes en el exterior. Fuentes tributarias aseguran que la alta litigiosidad de las sanciones impuestas por el fisco por el modelo 720 está retrasando que las multas devengan firmes —cuando así lo determinan los tribunales— y recuerdan que muchos pleitos están dando la razón a los contribuyentes sancionados.
Es el caso, conocido recientemente, de un hombre que en 2013 presentó voluntariamente el modelo 720 en el que aseguraba poseer 98.168 euros en una cuenta abierta en Italia. La inspección detectó que a finales de 2012, cuando la cuenta contaba con 46.000 euros, se registró una transferencia de 6.000 euros más que dejó el saldo en 52.000 euros a cierre del año. Hacienda le acusó de presentar la declaración fuera de plazo, al entender que debía haber informado de la existencia de esos bienes en 2012. La normativa obliga a declarar si se superan los 50.000 euros. La multa ascendió a 52.417 euros. El Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de Castilla y León anuló la sanción. Este es uno de los casos que el abogado del despacho DMS Consulting Alejandro del Campo, usó para denunciar el modelo 720 a Bruselas en 2013 y que inició el procedimiento contra España.

Acerca del autor: Francisco Reguera