Hacienda multará los asesores fiscales que no avisen de operaciones elusorias de sus clientes

La sanción puede suponer hasta la totalidad de los honorarios

cobrados

Xavier Gil Pecharromán

25/06/2019 – 13:32

Los honorarios percibidos o a percibir pueden convertirse en la sanción impuesta por

Hacienda a los asesores fiscales que no presenten la declaración sobre las operaciones

con riesgo de eludir el pago de impuestos de sus clientes en plazo o lo hagan de forma

incompleta, inexacta o con datos falsos.

No obstante, si estos honorarios son inferiores a 3.000 euros, la sanción que se podrá

imponer es una escala dineraria de entre 1.000 y 3.000 euros.

Así, se establece en el Anteproyecto de Ley de Transposición de la Directiva sobre

Intermediarios Tributarios, conocida en los ambientes de la fiscalidad como DAC6, cuyo

borrador ha sido publicado por el Ministerio de Hacienda, junto con el Anteproyecto de

modificación del Reglamento General de las Actuaciones y Procedimientos de Gestión e

Inspección Tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los Procedimientos de

Aplicación de los Tributos (RGAT).

 

La norma establece que cuando el mecanismo transfronterizo carezca de valor y el

infractor lo sea en como obligado tributario interesado el límite máximo será el

equivalente a los honorarios percibidos o a percibir por el intermediario.

La norma establece que cuando el mecanismo transfronterizo carezca de valor y el

infractor lo sea en como obligado tributario interesado el límite máximo será el

equivalente a los honorarios percibidos o a percibir por el intermediario.

La normativa establece un control preventivo sobre el fraude fiscal, que obliga a los

intermediarios fiscales a informar a la Administración tributaria sobre mecanismos

transfronterizos potencialmente destinados a la elusión de los que tengan

conocimiento.

Además, se regula que los Estados deben intercambiar los datos obtenidos

automáticamente con el resto de los Veintiocho.

Esta normativa tendrá que estar transpuesta al ordenamiento español antes del día 31

de diciembre de 2019 y los intermediarios tributarios deberán informar a Hacienda, a

partir del 1 de enero de 2020, en un plazo máximo de 30 días de la realización de una

operación, negocio jurídico o esquema tributario, realizado entre partes que se

localizan, al menos, en España y otro Estado miembro de la UE o España y un tercer

Estado, cuando cobren por las operaciones por ahorro fiscal obtenido.

Sin embargo, todas las operaciones reportables realizadas antes de la entrada en vigor

de la transposición y después de la entrada en vigor de la Directiva deberán ser

declaradas por los intermediarios.

También deberán informar de estos mecanismos transfronterizos cuando se les exija

una obligación de confidencialidad por parte del cliente o el utilizar un mecanismo

normalizado, es decir, una operación diseñada de tal manera que puede ser utilizada

 

por varios contribuyentes sin necesidad de adaptación sustancial, siempre que se

busque un beneficio fiscal con la operación. Por la mera concurrencia del indicio se

entenderá que existe planificación fiscal y la obligación de reportar.

En este sentido, pueden distinguirse dos grandes grupos de actividades:

De un lado, las de defensa de aquellos contribuyentes que sufren una regularización

administrativa, que puede finalizar, incluso, con una imputación penal. En tal caso, rige

en toda su extensión el derecho de defensa y, con ello, el secreto profesional exigible a

los abogados. En este ámbito, la DAC 6 no tiene ninguna incidencia.

De otro lado, las actuaciones de asesoramiento, que tienen lugar con carácter previo a

la presentación de las declaraciones del obligado tributario. Estas son las actuaciones

que preocupa a los asesores fiscales, ya que es aquí donde nuestra intervención puede

provocar formas de planificación fiscal agresiva e, incluso, de comisión de ilícitos.

Acerca del autor: Francisco Reguera